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En medio de los cambios a favor de las criptomonedas que viene implementado la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la mayoría espera que la prolongada batalla contra Ripple Labs sobre la clasificación de XRP como título valor (security) llegue pronto a su fin.
Sin embargo, a pesar del interés de la SEC por resolver todos los casos pendientes, en el litigio contra Ripple surgen algunas trabas legales que no se han presentado en las otras demandas que interpuso el organismo bajo la presidencia de Gary Gensler. Y esto es lo que podría estar enredando el caso.
De esta forma, lo que en su momento se vio como una victoria para Ripple ahora emerge como una complicación. Y es que en julio de 2023, la jueza federal Analisa Torres sentenció que XRP era security en algunos casos y en otros no.
El dictamen de Torres establece que Ripple violó la ley federal de valores al vender XRP directamente a clientes institucionales, aunque no lo hizo al colocar la criptomoneda en intercambios para que los clientes minoristas la compraran.
Dada la consideración de que sí hubo una violación parcial de las leyes de valores de EE. UU., la jueza aplicó una multa de USD 125 millones que la empresa se había comprometido a pagar.
La sentencia incluyó una orden judicial permanente que impedía a la empresa vender XRP a inversionistas institucionales.
Es esto justamente lo que está complicando las cosas. La situación se hizo más compleja luego de que el expediente pasara a un tribunal de Segundo Circuito, tras la apelación que introdujo la SEC manejada por Gensler en enero pasado.
Lo anterior explica los retrasos de la SEC –ahora con nuevas autoridades que siguen los lineamientos de Donald Trump– para tomar una decisión. En ese sentido, los analistas comentan que el organismo está en un proceso de negociación con Ripple.
Sobre ello, la periodista de Fox Business, Eleanor Terret piensa que los retrasos para llegar a un acuerdo se deben a que el equipo legal de Ripple está negociando términos más favorables con respecto al fallo del tribunal.
La empresa busca que la SEC desestime el caso, al igual que lo hizo con las demandas contra los exchanges Coinbase y Kraken, mientras que con Binance optó por una pausa de 60 días para evaluar la situación.
Lo que se espera es que pase lo mismo con Ripple, y al ver los retrasos, crece la expectativa por lo que pasará con este caso.
El argumento, según me han dicho, es que si la nueva dirección de la SEC está haciendo borrón y cuenta nueva para todas las empresas de criptomonedas previamente sancionadas porque cree que la claridad regulatoria resolverá el problema subyacente, ¿por qué debería Ripple seguir siendo penalizada?
Eleanor Terret.
En este nuevo contexto, en el que se pretende crear claridad regulatoria para las criptomonedas en Estados Unidos, aceptar el fallo de Torres significaría que Ripple admite haber incurrido en irregularidades que la propia SEC no está segura de que se cometieron.
La idea es respaldada por el abogado experto en criptomonedas, James Murphy, quien cree que Ripple está buscando no tener que pagar la multa y echar para atrás el dictamen que los hace responsables de ventas institucionales no autorizadas.
«La constatación de violaciones a la ley de valores no son tan buenas para Ripple», explica Murphy, tomando en cuenta el interés de la empresa por lanzar una futura oferta pública inicial o IPO. Esto también complica las negociaciones de un ETF de XRP.
La orden y el razonamiento detrás de la sentencia son una bomba de tiempo para Ripple. Incluso una cotización planeada en la Bolsa de Valores estaría en peligro. Porque ningún inversionista apostará por una empresa que haya sido tildada de «infractora» por orden judicial.
James Murphy.
En este punto, el analista de criptomonedas Jeremy Hogan asegura que dada la complejidad de la situación el caso no podría resolverse pronto, como muchos aseguran. «La única forma en que el caso podría terminar pronto es si Ripple y la SEC llegan a un acuerdo de conciliación privado, desestimando la apelación», señala.
La SEC tendría que aceptar no ejecutar la orden judicial. Me cuesta creer que la SEC acepte eso, pero posiblemente podría aceptar algo más indirecto, como proporcionar a Ripple una vía para registrar las ventas de XRP a inversores institucionales (por ejemplo). Es decir, Ripple podría obtener lo que necesita, mientras que la SEC no ignore descaradamente la orden judicial.
Jeremy Hogan.
No obstante, para que Ripple deje de estar calificado como una entidad infractora, será necesario que ambas partes soliciten a la jueza Torres que modifique la sentencia dictada en 2023. Algo que tomaría mucho más tiempo.
Se entiende entonces que el proceso de negociación está en plena marcha. Esto, mientras se espera la fecha límite establecida para el próximo 16 de abril, en la cual Ripple debe entregar su escrito de apertura en la apelación cruzada contra la SEC.
Tal como ha informado CriptoNoticias, todo apunta a que la demanda se encuentra aún en un territorio desconocido. La mayoría de los analistas son optimistas, pero entienden que no están fáciles de desatar los enredos legales del caso.
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